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La Sala Regional pone en evidencia la complicidad silenciosa que suele operar entre los poderes de Sinaloa

Sinaloa vive otra de esas escenas políticas que bordean lo tragicómico. El nombramiento de Rosa Margarita Velázquez como alcaldesa sustituta de Ahome —avalado por la mayoría de los regidores y un Tribunal Electoral Estatal más decorativo que resolutivo— acaba de recibir su segundo regaño en firme, ahora desde la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El fondo es claro: la justicia federal no compra la narrativa local de que “todo está en orden”. Al contrario, señala que es necesario revisar si se vulneraron los derechos político-electorales de Velázquez, quien fue desplazada sin mayor trámite de su papel como regidora para asumir un encargo mayor, todo sin el mínimo rigor jurídico. Y el tribunal estatal, que se había lavado las manos con una sentencia complaciente, ahora tendrá que hacer lo que no quiso: decidir de fondo, no por consigna.

Pero el golpe más duro no es el revés técnico. Es la bofetada simbólica. La Sala Regional pone en evidencia la complicidad silenciosa que suele operar entre los poderes de Sinaloa: un gobierno estatal que juega a no ver, tribunales que simulan autonomía y una clase política que aplaude con disciplina cuando se trata de cubrirle las espaldas al poder.

Lo ocurrido en Ahome no es menor. Se trata de una suplencia que debió ser procesada con apego a la ley, no como un movimiento de ajedrez partidista para proteger la red de influencia de un alcalde vinculado a proceso. En cambio, se hizo como si el municipio fuera una extensión del comité estatal del partido, sin más trámite que el respaldo automático del Cabildo.

El tribunal local falló no solo en su análisis, sino en su papel institucional. Cuando se trata de blindar decisiones cuestionables, la independencia judicial en Sinaloa tiende a ser más performativa que sustantiva. El resultado: otra resolución que termina en la papelera del federalismo, revocada por no estar a la altura ni de la forma ni del fondo.

Ahora, en apenas diez días, el tribunal estatal deberá rehacer su tarea. No podrá evadir la responsabilidad de revisar con seriedad si hubo violación de derechos y, en su caso, ordenar medidas correctivas. El mensaje no puede ser más claro: la justicia no es simulación, ni los tribunales están para ratificar caprichos disfrazados de legalidad.

Este episodio es solo una muestra más de cómo en Sinaloa se ha instalado una forma de gobernar donde la improvisación política va de la mano con la pereza jurídica. Pero también es, curiosamente, un recordatorio de que aún existen contrapesos. Y eso —aunque duela a quienes se acostumbraron al silencio institucional— sigue siendo una buena noticia.

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