Culiacán, Sin., 6 de junio de 2025.- Sinaloa atraviesa una etapa crítica. Mientras el gobernador Rubén Rocha Moya insiste en pintar un estado en calma, con índices de seguridad “aceptables” y un ambiente político “estable”, la realidad se revuelca en lo contrario. El discurso oficial se desmorona frente a los hechos: enfrentamientos entre policías, detenciones de mandos, cambios urgentes en la estructura militar, crisis institucional y una pugna sucesoria marcada por el autoritarismo y los pactos en la penumbra.
Rocha Moya no solo gobierna; administra los silencios y reparte lealtades como quien acomoda piezas en un tablero cargado de pólvora. El control del estado, más allá de las formas constitucionales, parece librarse entre las facciones del poder real: los intereses cruzados del narco, las ambiciones políticas internas y la necesidad de garantizar impunidad.
El caso del senador Enrique Inzunza, su exsecretario general de Gobierno y actual delfín del rochismo, lo deja en evidencia. Inzunza no es un improvisado. Fue clave en los amarres institucionales que sostienen el aparato de poder estatal y, según revelaciones del programa Código Magenta, ha sido vinculado en reportes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) con el Cártel de Sinaloa, específicamente con el grupo de “los Chapitos” Fuente: Código Magenta, 3 de junio de 2025, https://www.youtube.com/watch?v=VTkZ-Ljvq6A.
Inzunza fue también quien operó la narrativa oficial durante la crisis mediática de la supuesta “gasolinera” y el ficticio asesinato de escoltas del Mayo Zambada. Hoy, es la carta de continuidad del gobernador, pero para consolidarla hay que remover un obstáculo: Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome. Un político con pasado incómodo, sí, pero también con fuerza propia y proyección estatal.
¿La solución? No es electoral. Es judicial. Se le construyó un expediente por abuso de autoridad y presuntas compras irregulares de patrullas. Y aunque Vargas contaba con una suspensión provisional de amparo que debía protegerlo, fue detenido de forma polémica, evidenciando que en Sinaloa la ley se aplica según la conveniencia del poder.
No es un hecho aislado. El desplazamiento de Héctor Melesio Cuén en 2022 tras su enfrentamiento con Rocha —precedido, según diversas versiones, por una reunión con Ismael “el Mayo” Zambada— mostró que el gobernador no perdona ni comparte. Pacta, elimina y avanza.
Mientras tanto, la descomposición institucional se refleja en episodios como el enfrentamiento reciente entre policías municipales y estatales en Culiacán. Siete agentes fueron detenidos, incluyendo a un exescolta del “Chapo” Guzmán, y el secretario de Seguridad del municipio terminó renunciando forzado.
Hoy, el mando operativo de la seguridad pública ha sido absorbido, en los hechos, por el Ejército. El general Ricardo Trevilla, junto con su comandante en la Novena Zona Militar, Guillermo Briceño, toman las decisiones estratégicas. Uno de los movimientos más reveladores fue el reemplazo del jefe del Estado Mayor por un militar con experiencia diplomática en Israel. El mensaje es inequívoco: en Sinaloa ya no se habla de gobernabilidad, sino de contención en una zona de conflicto.
Lo verdaderamente alarmante no es solo la violencia, sino el liderazgo que la permite, la minimiza y, peor aún, la usa como herramienta de control. El deterioro es profundo, estructural, y compromete el futuro del estado. Porque en este ajedrez de impunidad, lo que hoy se acomoda con pactos, mañana se paga con sangre.
Y mientras el gobernador insiste en negar el incendio, Sinaloa sigue ardiendo.
Fuente: https://codigomagenta.com.mx/
