Culiacán, Sin, 26 de mayo del 2025.- La defensa legal del alcalde desaforado de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, sigue estancada, mientras el aparato estatal y judicial de Sinaloa se pliega al juego político rumbo a las elecciones del 1 de junio. Entre presiones, movilización clientelar y una ciudadanía ausente, el proceso electoral parece más un ritual de legitimación que un ejercicio democrático.
El caso Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, sigue dando giros en los pasillos judiciales, pero no precisamente por las vías legales que uno esperaría en un estado de derecho. Los jueces sinaloenses han optado por negar amparos a Vargas Landeros, no por convicción jurídica, sino por miedo: de otorgarlos, quedarían fuera del reparto de favores en la elección de nuevos magistrados, jueces y ministros que el estado ya cocina cuidadosamente. Aquí, los equilibrios de poder no se juegan en tribunales, sino en los acuerdos tras bambalinas, donde el gobernador Rubén Rocha Moya es quien reparte las cartas.
A la par, se prepara el terreno para el 1 de junio, fecha en la que Sinaloa vivirá unas elecciones que poco tienen de libres y mucho de administradas. El estado alista la movilización de miles de beneficiarios de programas federales, los mismos que —bajo las órdenes de los llamados “Siervos de la Nación”— serán conducidos a las urnas para votar como se les indique. En las campañas se habla de democracia, pero en la operación real, lo que se busca es consolidar estructuras clientelares que garanticen la continuidad de la autodenominada Cuarta Transformación.
Los aspirantes a cargos públicos han aprendido bien la lección: para mantenerse colgados de la nómina pública no basta con convencer al electorado, basta con complacer al jefe político. Y ese jefe no es el pueblo, sino el gobernador, quien mueve los hilos para favorecer a quienes le son útiles y castigar a los incómodos.
Más allá de este entramado, la sociedad sinaloense muestra poco interés en el proceso electoral. A días de la jornada, el desconocimiento sobre qué se elige, por qué es importante y cómo impacta en la vida pública es preocupante. Sin información, sin incentivos y sin confianza, el ciudadano común se mantiene al margen. Quienes acudirán a las urnas, en buena parte, serán aquellos que sean movilizados, no por convicción, sino por necesidad o por presión directa.
Datos relevantes:
Gerardo Vargas Landeros enfrenta procesos legales tras ser desaforado, pero sus intentos de defensa han sido bloqueados en los tribunales locales.
Los jueces sinaloenses temen emitir resoluciones contrarias a los intereses del estado por riesgo a ser excluidos de los procesos de elección de magistrados.
El gobierno estatal organiza la movilización de beneficiarios de programas sociales para garantizar el voto corporativo a favor de sus candidatos.
La ciudadanía en general muestra desinterés y desconocimiento sobre el proceso electoral del 1 de junio, en contraste con la operación político-electoral de las estructuras oficiales.
Así, el 1 de junio Sinaloa no asistirá a una elección libre, sino a una coreografía ensayada que sólo servirá para legitimar la permanencia de un proyecto de poder. La oportunidad histórica de elegir parece haberse perdido en las redes del clientelismo, la obediencia política y la indiferencia ciudadana. Bienvenidos, pues, a la dictadura perfecta, donde la democracia no se ejerce: se administra.
