En Ahome, la política se mueve a golpes de sello, con regidores incómodos y decisiones judiciales que llegan con velocidad quirúrgica. Lo que parecía una disputa más por el control interno del cabildo, terminó por revelar una reacción del poder estatal que confirma una constante en la administración de Rubén Rocha Moya: la intolerancia ante cualquier forma de disidencia, incluso cuando proviene de sus propias filas.
El caso es sintomático. Un juez ordenó separar del cargo a las regidoras Judith Luna y Marysol Morales, ambas vinculadas al proceso por el arrendamiento de patrullas, un expediente que de pronto recobró vida justo después de que ellas firmaran un posicionamiento público exigiendo explicaciones al alcalde sustituto Antonio Menéndez. Más que casualidad, la acción parece mensaje.
Ambas regidoras, acompañadas por otros ediles, cuestionaron en sesión de cabildo la legalidad del arribo de Toño Menéndez a la presidencia municipal, así como su inusual solicitud de concentrar en su oficina los sellos oficiales de los regidores, herramientas que —conviene recordarlo— son de uso exclusivo de cada edil. ¿Qué pretendía el alcalde con centralizar esos instrumentos? ¿Qué clase de control buscaba establecer sobre el órgano colegiado?
Lo más revelador fue el silencio. Menéndez no tuvo respuesta en ese momento, y al día siguiente simplemente no apareció en el Ayuntamiento. Versiones indican que viajó a Culiacán a “consultar” con instancias superiores, quizá en busca de instrucciones, quizá para recibir la línea que ya le era urgente adoptar ante sus propios compañeros.
Y como si la historia necesitara más claroscuros, la Fiscalía actuó con diligencia inusitada apenas 24 horas después del respaldo público del gobernador Rocha Moya a la designación de Menéndez. Rocha, que hasta hace poco se lavaba las manos y decía que el asunto era del Congreso y la Fiscalía, decidió ahora sí opinar, avalar y mandar señales. ¿Qué cambió? Las voces críticas se multiplicaron dentro del mismo partido. Y eso, para el gobernador, ya no es oposición: es traición.
No es la primera vez que las instituciones del estado parecen moverse al ritmo de los intereses políticos del Ejecutivo. Pero este episodio deja una estampa difícil de ignorar: la persecución selectiva, la judicialización exprés y el castigo ejemplar a quienes, aún desde Morena, cuestionan decisiones que huelen más a imposición que a legalidad.
Así, lo que se juega en Ahome no es solo un conflicto entre regidores y un alcalde débil, sino el ensayo general de una estrategia mayor: blindar el control político rumbo al 2027, eliminando cualquier disidencia que nuble el camino de la sucesión. La pregunta ya no es por qué se castiga, sino a quién se perdona.
Porque en Sinaloa, el poder no reacciona a la ilegalidad, sino a la incomodidad. Y eso, más que un sello, es una sentencia.
