Los Mochis, Sinaloa | 30 de mayo de 2025 — En un hecho que ha desatado fuertes cuestionamientos sobre la legalidad y la imparcialidad del sistema judicial en Sinaloa, el expresidente municipal con licencia de Ahome, Gerardo Octavio Vargas Landeros, fue detenido este vienres 30 de mayo en abierta violación a una suspensión federal de amparo que lo protegía de cualquier orden de aprehensión.
La orden fue ejecutada por la Fiscalía General del Estado por instrucción del juez de control Carlos Alberto Herrera, pese a que había una suspensión provisional desde el 28 de mayo, debido a una cirugía médica programada y al contexto de persecución política.
El acto ha sido calificado por analistas y observadores como una arbitrariedad flagrante, un exceso de autoridad que raya en el autoritarismo, y una señal inequívoca de que el estado de derecho está siendo pisoteado por intereses políticos.
Justicia exprés… pero solo para algunos
Lo que más ha indignado a diversos sectores sociales y jurídicos es la doble moral con que se aplica la justicia en Sinaloa. Mientras la Fiscalía actuó con sorprendente rapidez contra Vargas Landeros —aun pasando por encima de una resolución federal—, el caso del asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda permanece en el olvido.
Cuén Ojeda, exsecretario de Salud del estado, fue asesinado en circunstancias que, según fuentes internas, ya han sido esclarecidas parcialmente, con pruebas contundentes, testimonios directos y contradicciones evidentes dentro de la propia Fiscalía. Sin embargo, el expediente está congelado, no hay detenidos, no hay órdenes de aprehensión ejecutadas y el caso está paralizado deliberadamente.
Este contraste evidencia un uso faccioso del sistema penal, donde la ley se aplica solo cuando conviene políticamente, y se ignora cuando compromete a ciertos intereses o actores cercanos al poder.
¿Quién mueve los hilos?
En Sinaloa, cada vez es más evidente que la justicia no es ciega, sino selectiva. La detención de Vargas Landeros ha sido señalada como un acto instrumentado desde el Poder Ejecutivo estatal, una forma de castigo político orquestado desde la oficina del gobernador, que ha sido señalado por intervenir directamente en procesos judiciales para aniquilar adversarios.
Este tipo de acciones no solo violan garantías constitucionales: debilitan la credibilidad del sistema democrático y siembran temor entre opositores, críticos y servidores públicos independientes.
Ante esta situación, juristas y organizaciones defensoras del Estado de derecho han exigido la intervención urgente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Fiscalía General de la República, para que se detenga el avance del autoritarismo legal y se sancione a los responsables de este atropello a las libertades y la legalidad.
