Culiacán, Sin, 31 de mayo del 2025.- El presidente de la Alianza Mexicana de Abogados, Ricardo Beltrán Verduzco, lanzó una crítica punzante al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al acusarlo de usar el aparato judicial para golpear políticamente a sus adversarios mientras permanece pasivo frente al verdadero flagelo del estado: la violencia criminal y los poderes fácticos que han convertido a Sinaloa en uno de los epicentros de inseguridad más graves del país.
La acusación de Beltrán Verduzco no es menor ni aislada: plantea una lectura que va más allá de un simple conflicto político. Según el líder de los abogados, Rocha Moya ha actuado con dureza contra figuras políticas locales como el exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “Químico” Benítez; el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro; y recientemente, contra el alcalde con licencia de Ahome, Gerardo Vargas Landeros. El patrón, dice, es claro: usar a la Fiscalía y al Poder Judicial como herramientas para reafirmar control político.
“Actúa como un tigre contra sus enemigos políticos y termina como un ratón frente a los poderes fácticos”, señala Beltrán, encapsulando lo que él considera el verdadero drama sinaloense: un gobierno que prioriza sus luchas internas mientras deja al ciudadano expuesto frente a los embates del crimen organizado.
Aquí el punto neurálgico: ¿por qué el gobierno despliega operativos espectaculares para arrestar a políticos locales, mientras frente a los cárteles y las redes criminales que dominan amplias zonas del estado permanece inmóvil? Beltrán lo llama miedo; otros lo llaman cálculo político, complicidad, o incapacidad.
La paradoja es evidente: mientras se moviliza el aparato estatal para asegurar detenciones polémicas —como la de Vargas Landeros, quien incluso contaba con un amparo federal—, la población sigue esperando una respuesta eficaz frente a secuestros, extorsiones, desapariciones y homicidios. Las cifras de violencia no ceden, y la confianza ciudadana en las instituciones se erosiona.
El arresto de Vargas Landeros ocurrió en medio de cuestionamientos legales por un amparo vigente, encendiendo alarmas sobre un posible uso faccioso del poder judicial.
Las organizaciones civiles y la ciudadanía han incrementado su presión sobre el gobierno estatal para atender de manera prioritaria la crisis de inseguridad que mantiene a Sinaloa entre los estados más peligrosos del país.
Rocha Moya ha sostenido públicamente que su gobierno actúa conforme a la ley, pero las críticas señalan que su administración muestra severos desequilibrios: firmeza contra rivales políticos y omisión frente a los actores criminales que dominan territorios completos.
La denuncia de Beltrán Verduzco no solo apunta al gobernador como figura política, sino que deja al descubierto una pregunta clave para Sinaloa: ¿para quién funciona realmente el poder en el estado? Mientras los ciudadanos enfrentan día a día la violencia y la impunidad, las prioridades del gobierno parecen orientarse a la supervivencia política. Y ahí, en ese juego de prioridades, se define no solo el presente de Sinaloa, sino su futuro.
