La política en Ahome vuelve a colocarse en un punto de tensión institucional. El 22 de agosto, a la una de la tarde, estaba programada una sesión extraordinaria del Cabildo con un único fin: acatar la orden de un juez federal y restituir a Gerardo Octavio Vargas Landeros en el cargo de presidente municipal, al cual fue electo para el periodo 2024-2027. El mandato judicial parecía claro y de carácter urgente, pero la realidad local se impuso con un nuevo episodio de confrontación y bloqueo.
Los regidores firmantes del comunicado oficial señalan que no existieron las condiciones óptimas para sesionar. Hablan de presiones externas sobre los integrantes del Cabildo, mencionan el cierre de la Sala de Cabildo —espacio que califican como inviolable— y subrayan que esos hechos no son aislados, sino que responden a un origen y a un interés político evidente: impedir la reinstalación de Vargas.
La decisión fue posponer la sesión y convocar nuevamente dentro de los dos días siguientes, como lo permite el Reglamento Interior. No se trata de un aplazamiento menor, pues el cumplimiento de la orden judicial no es opcional. De lo contrario, el desacato podría derivar en consecuencias legales directas contra los regidores, con imputaciones de carácter penal contempladas en la Ley de Amparo.
Este episodio no solo refleja la disputa por el control del Ayuntamiento, sino también la fragilidad del orden institucional en Ahome. El Cabildo aparece atrapado entre la obligación de acatar la ley y la fuerza de presiones políticas que buscan alargar una incertidumbre calculada. Los jueces federales ya hablaron, pero en el terreno local, los candados físicos y las maniobras políticas marcan el ritmo de la legalidad.
La pregunta es inevitable: ¿cuánto puede resistir un gobierno municipal sometido a este vaivén entre la ley y la presión de facto? Lo que ocurre en Ahome no es un simple trámite administrativo; es un pulso abierto entre la legalidad constitucional y la operación política que busca desgastarla. En esa disputa, el costo se mide en gobernabilidad y en la confianza ciudadana hacia sus instituciones.
