La comparecencia de Gerardo Vargas Landeros ante el juez en el caso del arrendamiento de patrullas en Ahome no sorprendió a nadie, pero sí confirmó las sospechas: el juicio ya tenía dictamen antes de comenzar. Ni peritajes, ni pruebas técnicas, ni argumentos financieros bien sustentados lograron mover una coma en la resolución. La escena, dicen quienes estuvieron ahí, parecía un montaje: acomodo peculiar del público, acceso selectivo, tensión predecible. Todo listo para que el telón cayera justo donde debía.
Es inevitable que el caso adquiera un tono político. Por más que se le quiera pintar como una cruzada por la transparencia, lo que se respira es otra cosa. Hay una narrativa que se impone sobre los hechos, una lectura más funcional al momento político que a los expedientes. En Sinaloa, como ya se ha dicho, no se castiga la corrupción sino la desobediencia. Y a los desobedientes no se les mide por lo que hacen, sino por a quién incomodan.
Gerardo Vargas ha sido claro en su postura. Asegura que la medida adoptada en su momento —el arrendamiento de patrullas en plena pandemia y con déficit de equipamiento— no solo fue legal, sino benéfica. Lo respaldan, según él, no solo los peritajes que se presentaron, sino los resultados concretos: una reducción del 47% en los niveles de inseguridad y un ahorro superior a los 12 millones de pesos.
Lo que subyace detrás de esta historia es un dilema no menor: ¿debe la legalidad administrativa estar por encima de las decisiones de emergencia que atienden el interés público? Para Vargas, como para muchos que defienden su actuación, la respuesta es no. Y ese “no” no es solo técnico o legal, sino político.
En su comunicado, el alcalde con licencia insiste en que volvería a tomar la misma decisión. Esa afirmación tiene doble filo: por un lado, refuerza la narrativa de un gobernante comprometido; por otro, desafía a un sistema que castiga a quien toma decisiones fuera del manual.
No hay duda de que el proceso que enfrenta Vargas Landeros está lleno de aristas que van más allá de los expedientes judiciales. Si este fuera un caso de combate a la corrupción, tendríamos a muchos más compareciendo, empezando por aquellos que, en otros niveles de gobierno, han normalizado los contratos opacos y la simulación presupuestaria. Pero esos, los que se alinean al Tercer Piso, ni se tocan.
En Ahome, lo que se juzga no es una patrulla, es una posición política. Lo que se castiga no es un arrendamiento, es la autonomía frente al poder central. Y lo que está en juego no es solo la carrera de un político sinaloense, sino el derecho a disentir sin ser condenado por anticipado.
