El gobierno de Sinaloa ha encontrado una forma muy particular de rendir cuentas: contratando, por tercer año consecutivo, a un solo proveedor para producir y transmitir La Semanera, la conferencia semanal del gobernador Rubén Rocha Moya. La factura en 2025 será de poco más de 6 millones de pesos, lo que equivale a 92 mil 776 pesos por emisión. Y no hay misterio alguno en el procedimiento: el contrato fue para el mismo empresario de siempre, Pedro Villareal Uribe, único interesado, único ganador.
En cualquier democracia funcional, la rendición de cuentas es una obligación institucional. Pero en Sinaloa se ha vuelto un espectáculo administrado desde el poder, con presupuesto millonario y proveedor preferido. En un estado con carencias estructurales profundas, donde los servicios públicos viven de parches y la transparencia se encuentra a cuentagotas, resulta cuando menos provocador que se destinen estos montos a una producción semanal diseñada para fortalecer la imagen del Ejecutivo más que para abrir el diálogo público.
No es un fenómeno nuevo. Desde 2021, cuando Rocha Moya asumió la gubernatura, La Semanera fue presentada como un ejercicio de transparencia al estilo AMLO. Pero en la práctica, se convirtió en un monólogo en horario estelar, con periodistas filtrados y preguntas acordadas, enmarcado por una producción televisiva cuidada hasta el último foco. El primer contrato documentado ya rondaba los 13 millones de pesos. En 2023, se gastaron casi 7 millones más. Y ahora en 2025, otro paquete por más de 6 millones, con los mismos servicios, los mismos equipos y, por supuesto, el mismo empresario.
Lo más llamativo es la falta de competencia. En dos de los tres contratos, Villareal Uribe fue el único postor. En el primero ni siquiera hubo registro en Compranet; se supo del gasto gracias a solicitudes de información. Y aunque el gobierno defiende la decisión bajo el argumento de que no tiene el equipo ni el personal para asumir la producción, lo cierto es que para las conferencias de seguridad —que sí se hacen con medios propios— no se ha reportado ninguna deficiencia técnica. La diferencia está en la prioridad política, no en la capacidad operativa.
Detrás de la supuesta transparencia de La Semanera hay una operación de imagen que ha sabido camuflarse como ejercicio democrático. Pero los números son elocuentes: más de 26 millones de pesos en tres años para un programa semanal con producción de agencia privada, mientras en muchas escuelas rurales no hay internet ni baños funcionales, mientras los hospitales públicos denuncian falta de insumos, mientras la pobreza sigue latiendo en colonias enteras que jamás verán una cámara del gobierno apuntándoles.
Rubén Rocha Moya ha defendido La Semanera como una herramienta para acercarse al pueblo. Pero con lo que cuesta cada una —más de lo que gana un maestro en tres meses—, la pregunta es: ¿a qué pueblo se está acercando? Porque en el Sinaloa real, ese donde la gente hace fila desde las cinco de la mañana para conseguir una ficha médica, lo que más se necesita no son luces ni micrófonos, sino decisiones que hablen menos y resuelvan más.
La transparencia no se mide en megapíxeles ni en presupuestos de producción. Se mide en resultados, en acceso a la información, en conferencias sin libreto y en decisiones que privilegien el bien común sobre la comodidad del gobernante. En eso, La Semanera ha salido cara. Y el verdadero costo lo paga una ciudadanía cada vez más informada… y cada vez más escéptica.
