Culiacán, Sin, 9 de julio del 2025.- En la comparecencia judicial por el caso del arrendamiento de patrullas en Ahome, el escenario se prestó no solo para el despliegue de estrategias legales, sino para evidenciar el tamaño real de las lealtades entre funcionarios que hasta hace poco se juraban unidad y respaldo mutuo. Quien dio la nota —por lo evidente y por lo burdo— fue el ex secretario de Seguridad Pública, Julio César Romanillo Montoya, que optó por el camino del deslinde absoluto, aunque ese camino terminara en contradicciones.
Mientras el alcalde con licencia, Gerardo Vargas Landeros, se mantuvo firme en su postura, defendiendo la legalidad y la necesidad de la operación, Romanillo eligió la retirada táctica. Con el argumento de que ni pidió, ni firmó, ni supo, intentó reducir su papel a una figura decorativa. Pero la fiscalía tiene en su narrativa que fue precisamente una petición suya la que activó todo el proceso para adquirir las unidades. Y si no pidió ni supo, ¿entonces cuál era su función al frente de la Secretaría de Seguridad? El absurdo, en este caso, no es solo legal: es también político.
A decir de los asistentes, durante los recesos de la audiencia se le vio solo, aislado, nervioso. Evitó contacto con excolegas, y sobre todo, esquivó cualquier cruce con su exjefe político. La escena era clara: alguien había decidido cambiar de bando, o al menos, dejarse arrastrar por la corriente con tal de salvar el pellejo.
Más que un argumento jurídico, el exfuncionario adoptó una estrategia de sobrevivencia. Su abogado apuntó sin recato hacia arriba, sugiriendo que las verdaderas responsabilidades recaen en el exalcalde Vargas y en el secretario del Ayuntamiento, Genaro García Castro. Fue un disparo directo a quienes le dieron un lugar en el gabinete. La gratitud, por lo visto, no es su fuerte. Pero la lógica del sistema tampoco exige lealtades: basta con someterse. Lo demás se premia en el camino.
No sería extraño, entonces, que lo veamos reaparecer pronto en alguna dependencia estatal o en un cargo discreto pero bien remunerado dentro del Poder Judicial o la Fiscalía. Porque si algo enseña la política local, es que la obediencia se recompensa más que la competencia. Y las traiciones, si se hacen con oportunidad, garantizan acomodo.
Lo que quedó expuesto es la forma en que opera el poder en Sinaloa cuando decide castigar o proteger. El caso de las patrullas no solo está lleno de dudas jurídicas, sino también de evidencias de un uso político de la justicia. No hay imparcialidad cuando los procedimientos se sienten armados desde antes. Pero lo más alarmante no es eso: es la facilidad con la que algunos doblan la cerviz cuando el poder aprieta.
Romanillo ha quedado como el primero en saltar del barco. La pregunta no es si traicionó a quien lo impulsó, sino si esa traición le bastará para mantenerse a flote. Porque en política, como en el mar, las ratas abandonan el barco primero… pero no siempre encuentran tierra firme.
Julio César Romanillo Montoya ya se bajó del barco, y todo indica que también ya vendió su lealtad al mejor postor en Sinaloa: Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. Su intento por deslindarse del caso de las patrullas en Ahome, apuntando incluso a sus antiguos jefes, no solo revela una fragilidad política evidente, sino también una disposición para alinearse al proyecto que hoy controla los hilos del poder en el estado. Porque en la política sinaloense, la sumisión tiene premio y la memoria es corta cuando la nómina es larga.
