Ciudad de México, 31 de julio del 2025.- Un juez federal otorgó suspensión definitiva a Gerardo Octavio Vargas Landeros, exalcalde de Ahome, y ordenó su restitución inmediata en el cargo tras considerar inconstitucionales las disposiciones legales que motivaron su desafuero. La medida revierte temporalmente la decisión del Congreso de Sinaloa y reabre el debate sobre el uso político de las instituciones judiciales en el estado.
El juez federal que conoce el juicio de amparo promovido por Gerardo Octavio Vargas Landeros determinó conceder la suspensión definitiva contra los efectos de la declaratoria de procedencia aprobada por el Congreso del Estado de Sinaloa el pasado 1 y 2 de mayo de 2025, que derivó en su separación del cargo como presidente municipal de Ahome y permitió el inicio de un proceso penal en su contra.
La resolución interlocutoria, emitida el 29 de julio, ordena que Vargas Landeros sea reinstalado de forma inmediata en el cargo para el periodo 2024-2027. El fallo incluye la garantía de que el alcalde pueda ejercer plenamente sus funciones, percibir sus emolumentos y contar con los recursos necesarios para el desempeño de su encargo.
La declaratoria de procedencia que originó su separación del cargo fue promovida por la Fiscalía General del Estado de Sinaloa a través de su Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con base en la carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI. Posteriormente, el Congreso aprobó el acuerdo número 80 mediante el cual retiró el fuero constitucional al edil y declaró vacante la presidencia municipal.
En su resolución, el juez ordenó que cesen los efectos del artículo 136 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa y del artículo 41 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, señalados por la defensa como contrarios a la Constitución federal.
Con esta medida, el caso Vargas Landeros no sólo se vuelve un punto de inflexión en la política sinaloense, sino que también reaviva el debate sobre los equilibrios entre el poder legislativo estatal y el sistema federal de justicia. Mientras se resuelve el juicio de amparo de fondo, el alcalde retoma funciones, dejando en el aire interrogantes sobre el alcance real del combate a la corrupción y el papel que juega el poder judicial en escenarios de alta tensión política.
