La reciente encuesta de Massive Caller sobre la situación legal de Gerardo Vargas Landeros, alcalde de Ahome, confirma algo que la clase política sinaloense parece no querer escuchar: la ciudadanía ya tomó partido y lo hizo con contundencia. No importa cuántos discursos se lancen desde el Congreso del Estado ni cuántos silencios calculados se acumulen en el Gobierno: la percepción social es clara y está del lado del alcalde suspendido.
Los números hablan por sí solos. El 77.1% de los entrevistados está enterado de la situación legal de Vargas, lo que significa que el tema dejó de ser un asunto jurídico para convertirse en conversación de esquina, sobremesa y redes sociales. Más grave aún para el Congreso: un 67.3% considera que debe acatar la resolución judicial que ordena su restitución, contra apenas un 21.8% que respalda mantener al alcalde sustituto. Dicho de otro modo, dos de cada tres ahomenses no entienden –ni aceptan– la desobediencia del Poder Legislativo frente a un juez federal.
La percepción de injusticia es todavía más contundente: el 72.3% considera “muy injusto” que Vargas no regrese al cargo pese a contar con un fallo a su favor. En la misma línea, el 79.2% califica “muy mal” al Congreso por no cumplir la orden judicial. Esa cifra refleja no solo respaldo al político, sino un desencanto profundo con las instituciones que, en teoría, deberían ser garantes de legalidad.
Y hay un dato adicional que termina de incomodar a sus adversarios: el 59.5% califica como “muy buena” la gestión de Vargas Landeros en Ahome. No se trata de una cifra aplastante, pero sí suficiente para sostener un discurso de legitimidad frente al bloqueo político que enfrenta.
Es cierto: Massive Caller no es una encuestadora incuestionable. Su metodología de “robot” y las tasas de rechazo siempre generan suspicacia. Sin embargo, el problema no está en la técnica, sino en la contundencia de las tendencias: la calle está con Vargas y la política local parece no querer asumirlo.
El Congreso del Estado juega con fuego. Cada día que mantiene congelada la restitución no solo erosiona su imagen, también profundiza la percepción de que las leyes en Sinaloa se aplican de manera selectiva. El riesgo es evidente: convertir un conflicto jurídico en una crisis de legitimidad política.
Gerardo Vargas, guste o no, ha logrado lo que pocos en la política sinaloense: transformar un expediente judicial en un capital político que lo coloca, al menos en el imaginario social, como víctima de un sistema que castiga a unos y protege a otros. Y en ese terreno, el Congreso ya va varios pasos detrás.
