La política sinaloense, acostumbrada a la grilla, al cálculo y a las embestidas desde el poder, encontró esta semana un recordatorio incómodo: la ley no se negocia. Gerardo Vargas Landeros no solo resistió la presión institucional, sino que terminó dándole la vuelta al marcador en el terreno más temido por sus adversarios: el judicial.
El fallo del juez federal en el amparo 1832/2025-VIII no dejó lugar a dudas. La violación a la suspensión fue procedente y fundada. Traducido al lenguaje político, el juez reconoció que hubo desacato y señaló directamente a la autoridad que decidió pisotear una resolución federal. Ni tecnicismos ni salidas fáciles, la sentencia fue un golpe seco contra quienes creyeron que podían manejar la ley como un trámite más en la agenda gubernamental.
Aquí la clave está en la advertencia que vino de la misma resolución: si las autoridades estatales insisten en el incumplimiento, el caso pasará al Ministerio Público Federal y la FGR tendrá que abrir carpetas de investigación. El desacato, hasta ahora un desgaste político, podría convertirse en un problema penal con costos mucho más altos que la simple pérdida de imagen.
Paradójicamente, los mismos actores que hablaron de “respeto institucional” quedaron expuestos en el terreno contrario: el de la desobediencia y la soberbia frente al Estado de derecho. Fue necesario que la justicia federal pusiera orden y lo hiciera con claridad ejemplar.
Vargas, en contraste, capitaliza el episodio. No solo se defiende, sino que emerge fortalecido con un argumento poderoso: un juez federal le dio la razón. Esa validación judicial se traduce en oxígeno político y en un capital simbólico que sus opositores difícilmente podrán desactivar en el corto plazo.
La narrativa no admite medias tintas: hubo ganadores y hubo perdedores. Vargas conecta un batazo limpio en la arena política y judicial, mientras sus adversarios cargan con el estigma de haberse enfrentado a la ley y haber perdido.
El episodio deja una lección incómoda para quienes han confundido el poder con impunidad: las reglas se cumplen, y si no, hay consecuencias. El Estado de derecho salió reforzado, sí, pero con un protagonista central en la pizarra: Gerardo Vargas.
