En Ahome, el poder no se entrega, se esconde. Y cuando el calendario institucional marca un giro judicial incómodo, la solución de quienes hoy ocupan Palacio Municipal es desaparecer. Literalmente.
Desde que el juez federal otorgó la suspensión definitiva a Gerardo Vargas Landeros, ordenando su restitución como presidente municipal, el edificio de Cuauhtémoc y Degollado entró en modo fantasma. Oficinas cerradas, puertas selladas con comunicados improvisados, agenda pública suspendida y funcionarios… de vacaciones. Esa fue la ruta de escape trazada por Antonio Menéndez, el alcalde impuesto por el Congreso local, tras el revés jurídico que lo pone en la antesala de la salida.
El periodo vacacional, anunciado del 1 al 13 de agosto, es legal para los trabajadores, pero no para el cargo. Y menos cuando hace apenas unas semanas el mismo Menéndez juraba públicamente que no habría suspensión de servicios, que las guardias garantizarían continuidad, y que las oficinas del Ayuntamiento se mantendrían abiertas al pueblo. Hoy no hay rastro de esa normalidad prometida. Solo patrullas, silencio y ausencia.
Pero la huida no se queda en lo simbólico. Numerosos funcionarios se han llevado consigo unidades oficiales —la mayoría sin logotipos ni placas visibles del Ayuntamiento— a sus destinos vacacionales. Vehículos públicos que deberían estar al servicio de la ciudadanía, recorren ahora otras rutas con combustible pagado por el erario municipal. ¿A qué lógica responde esa discrecionalidad? ¿Quién autoriza ese uso particular de bienes colectivos? ¿Por qué no se reportaron las unidades al área correspondiente? ¿Acaso la legalidad no es pareja para todos?
El Órgano Interno de Control tiene aquí una oportunidad de mostrarse imparcial y efectivo. De actuar con el mismo rigor que se exige a los trabajadores de base cuando incurren en faltas. Porque usar vehículos públicos con fines personales es un abuso evidente. Y porque esconderse tras vacaciones exprés para evadir una notificación judicial, raya en la burla institucional.
En el exterior del palacio, la imagen no es mejor. Diez elementos de policía municipal y presencia permanente de patrullas estatales custodian el edificio vacío, como si el riesgo no fuera la confrontación, sino el regreso del orden legal. ¿Qué mensaje se manda desde el estado cuando se blindan puertas que deberían estar abiertas? ¿Quién decide qué se cuida y de quién?
El nerviosismo es claro. Menéndez y su grupo no están ahí porque saben lo que viene. Porque no quieren aparecer en la escena cuando el juez pida cuentas. Porque el poder que se ejerce sin legitimidad tiembla ante el más mínimo asomo de legalidad.
Mientras tanto, la gente observa. Ahome sigue funcionando por inercia, con servicios reducidos, decisiones detenidas y una administración en modo evasión. Si el proyecto era demostrar institucionalidad, el mensaje fue exactamente el contrario: improvisación, abuso y miedo.
Como dicen en la sierra: el miedo no anda en burro… pero sí se va de vacaciones con todo y carro oficial.
