La comparecencia de Gerardo Vargas Landeros ante el juez, este jueves 3 de julio, no es solo un episodio más en el proceso judicial que enfrenta el exalcalde de Ahome. Es el reflejo de un caso donde la línea entre la aplicación de la ley y la persecución política se ha vuelto borrosa. Tras casi seis horas de audiencia, Vargas salió del tribunal con un mensaje claro: confía en que la verdad terminará por imponerse y que el tiempo dará la razón a quienes actuaron en favor de la seguridad pública.
En su comunicado, Vargas Landeros fue puntual: la Fiscalía insiste en fincarle responsabilidad por el arrendamiento de patrullas que, en su momento, permitió recuperar la operatividad de la policía municipal y responder a una necesidad urgente. No fue un capricho —dijo—, sino una medida necesaria frente a un parque vehicular inservible en un 70%, como la propia Fiscalía reconoció. A eso se suma un contexto de limitaciones presupuestales que, como bien señala Vargas, no era exclusivo de Ahome ni de su administración.
El trasfondo de esta imputación parece estar más cerca de un ajuste de cuentas que de un auténtico interés por la legalidad. El proceso no se ha centrado en determinar si hubo un daño real al erario o una intención de quebrantar la ley, sino en construir un relato que sirva para minar la figura de quien encabezó un gobierno que, con sus aciertos y errores, dio resultados tangibles en materia de seguridad.
Vargas, en su mensaje, asume la defensa como un acto de congruencia: si el costo de cumplir con el deber es enfrentar un proceso que desborda el ámbito jurídico y entra en el terreno de lo político, está dispuesto a asumirlo. Este 8 de julio, su equipo legal presentará la estrategia para probar la legalidad de los actos en cuestión. Ese día, el juez deberá decidir si la causa continúa o si, como parece justo, se cierra un expediente que desde su origen ha tenido más de linchamiento mediático que de proceso jurídico imparcial.
En un estado donde la justicia suele estar al servicio de intereses ajenos a la ley, el caso de Vargas Landeros pone en la mesa el debate sobre el uso de las instituciones para dirimir disputas políticas. Lo que está en juego no es solo el destino personal de un exalcalde, sino la credibilidad de un sistema que hoy, más que nunca, necesita demostrar que puede actuar sin consignas.
