La orden judicial que restituye a Gerardo Vargas Landeros en la presidencia municipal de Ahome es mucho más que un trámite legal: es el punto de inflexión en una confrontación política que ha expuesto fisuras profundas entre los poderes locales, la Fiscalía y los intereses cruzados en el norte de Sinaloa.
La acusación original contra Vargas —presunto desvío de recursos en la renta de patrullas durante la pandemia— sirvió como detonante de una declaratoria de procedencia aprobada en tiempo récord por el Congreso del Estado. La separación del cargo, el desafuero y la declaración de vacancia se presentaron como parte del discurso oficial de combate a la corrupción. Pero detrás de la narrativa institucional, la defensa del alcalde, encabezada por el abogado Juan Guillermo Gasca Esperón, denunció una persecución política con tintes de ajuste de cuentas.
La suspensión definitiva concedida por un juez federal no absuelve a Vargas, pero sí desmonta —por ahora— el andamiaje legal que permitió su salida. El juez determinó que el Congreso actuó apoyado en normas posiblemente inconstitucionales, y ordenó revertir los efectos del proceso hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo. En términos jurídicos, esto significa que las autoridades estatales deben restituirlo en su cargo sin objeción, garantizarle el acceso a recursos, sueldos y funciones, y abstenerse de cualquier obstáculo adicional.
Pero en términos políticos, el mensaje es más ruidoso: el intento de arrinconar a Vargas Landeros por vía legislativa y judicial no resistió el test de constitucionalidad. Y en un entorno donde los procedimientos legales suelen usarse como armas de presión política, este fallo federal lanza una advertencia a quienes creen que la justicia puede ser un instrumento de coyuntura.
Gasca Esperón fue claro al anticipar una posible resistencia institucional. No se trata de un tecnicismo ni de una formalidad. La restitución de Vargas implica, también, el regreso de un actor incómodo para ciertas élites locales y una recomposición del poder en Ahome, donde Morena no ha logrado construir una estructura unificada.
La duda no es si Vargas podrá volver al cargo. Esa orden está dada. La pregunta es si el sistema político de Sinaloa está dispuesto a acatar la ley cuando lo que está en juego no es el cumplimiento jurídico, sino el control político.
Mientras tanto, la ciudadanía sigue observando cómo las instituciones se tensan en una disputa que, en lugar de fortalecer la confianza pública, deja al descubierto las prácticas que aún colocan la ley al servicio de los intereses. En esa escena, el regreso de Gerardo Vargas Landeros es solo una parte del problema; lo que sigue es ver si el Estado de derecho prevalece cuando incomoda.
