Culiacán, Sin a 19 de agosto del 2025.- En Sinaloa, la obediencia política ha comenzado a imponerse por encima del cumplimiento de la ley. Funcionarios municipales y legisladores locales han optado por ignorar resoluciones judiciales federales, aun cuando ello los coloca en situación de “desacato”, delito previsto en el artículo 262 de la Ley de Amparo, con penas que van de tres a nueve años de prisión, además de multas e inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El caso se desprende de órdenes emitidas por un Juez Federal de Distrito, que debieron acatarse en tiempo y forma. Sin embargo, la instrucción fue desatendida por servidores públicos que, de acuerdo con versiones internas, prefirieron enfrentar las posibles sanciones antes que contradecir al gobernador Rubén Rocha Moya.
De esta manera, la política en el estado parece moverse bajo la lógica del miedo y no del derecho. Diputados locales y funcionarios se conducen con una disciplina que, lejos de responder a la Constitución o a los ciudadanos, se interpreta como una lealtad personal hacia el titular del Ejecutivo estatal.
Especialistas en materia jurídica advierten que la negativa a cumplir con mandatos judiciales representa un desafío no solo al Poder Judicial, sino al propio Estado de derecho. El desacato, sostienen, no es un tecnicismo, sino una falta grave que erosiona la institucionalidad.
El panorama abre interrogantes sobre el costo que podría tener esta estrategia para quienes hoy deciden guardar silencio. Observadores señalan que la justicia federal terminará alcanzando a los funcionarios involucrados y que, llegado ese momento, difícilmente recibirán respaldo político.
En un clima donde el cálculo político se antepone a la legalidad, Sinaloa enfrenta una paradoja: la aparente fortaleza del poder estatal se sostiene en una estructura frágil, construida sobre el temor de sus propios operadores.
