En Sinaloa, la antesala de la sucesión gubernamental de 2027 se empieza a manchar con las viejas prácticas de un sistema que se decía transformador, pero que a la hora de la verdad repite los mismos vicios del pasado. El gobernador Rubén Rocha Moya, quien prometió un gobierno cercano a la gente y respetuoso de la voluntad popular, parece decidido a reeditar el manual priista: allanar el camino de su delfín, Enrique Inzunza, a costa de lo que sea y de quien sea.
Las señales del agandalle son claras. La operación política del gobernador ha dejado en evidencia que no le bastará con el peso de las encuestas o el respaldo ciudadano: se ha dedicado a limpiar el terreno de cualquier perfil que le estorbe. El desafuero de Gerardo Vargas Landeros —con todas las razones jurídicas que quieran atribuírsele— ocurre en el momento preciso, cuando su crecimiento en las encuestas comenzaba a inquietar al grupo del poder. El fuego amigo contra la senadora Imelda Castro, quien lidera las preferencias en Morena según las últimas mediciones, tampoco es casualidad; el aparato se mueve con la intención de minar a quienes no están alineados al proyecto que Rocha quiere heredar.
La pregunta es obligada: ¿qué méritos tiene Enrique Inzunza más allá de ser el hombre de confianza del gobernador? Su perfil, limitado al escritorio y los pasillos del poder, dista de representar una opción cercana a las bases de Morena o al pueblo al que tanto se invoca en los discursos. Sin embargo, en la lógica del agandalle, eso es lo de menos. Lo importante es cerrar filas en torno a un plan que garantice la continuidad del grupo en el poder y el control de los recursos, incluso si eso significa pasar por encima de la militancia y de los principios que dieron origen al movimiento.
Resulta preocupante que en Morena, el partido que llegó con la bandera de la regeneración y el respeto al mandato popular, se impongan las mismas prácticas de los viejos regímenes: la cargada, la exclusión de voces críticas y el uso de las instituciones para dirimir pleitos internos. El intento de imponer a Inzunza no solo exhibe la falta de compromiso con la democracia interna; también erosiona la confianza de una ciudadanía que, si algo esperaba, era un proceso abierto y legítimo.
Si Rocha Moya insiste en este camino, corre el riesgo de fracturar al movimiento y de abrirle la puerta a un desgaste que podría costarle a Morena lo que hoy parece inalcanzable: la pérdida de Sinaloa en 2027. Porque, aunque las encuestas marquen una ventaja clara hoy, el pueblo no siempre tolera el agandalle, y la soberbia de creer que todo está bajo control suele ser el principio del declive. Lo que se juega no es solo una candidatura; es la credibilidad de un proyecto que prometió ser distinto.
