La sesión de cabildo de hoy 17 de julio en Ahome dejó de ser un mero trámite administrativo y se convirtió en un acto de desobediencia institucional cuidadosamente medido. La tensión no se improvisó: ya se sabía que algo se iba a decir, que algunas voces del cuerpo edilicio, aún bajo advertencias, harían pública su inconformidad con lo que a todas luces parece una imposición política disfrazada de normalidad. Y lo hicieron.
Antonio Menéndez del Llano, quien se ostenta como presidente municipal desde el 2 de mayo, escuchó ese día un cuestionamiento abierto y con fundamentos jurídicos que no ha podido —ni querido— responder. El gesto incómodo se le notó. Las sonrisas se borraron del rostro del “presidente sustituto” y su secretario del ayuntamiento apenas balbuceó una promesa vaga de respuesta. Pero la respuesta no llegó ni en la sesión ni en los días posteriores.
El centro de la disputa no es trivial: ¿quién tiene el mandato legal y legítimo para gobernar Ahome en ausencia de Gerardo Vargas Landeros? El acta de cabildo del 1 de mayo —documento público, oficial y registrado— establece que Rosa Margarita Velázquez Valdez fue nombrada presidenta municipal provisional, conforme al artículo 119 de la Constitución de Sinaloa. Y sin embargo, al día siguiente, apareció Menéndez en el cargo, sin toma de protesta ante cabildo, sin votación, sin vacante formal, sin legalidad procesal.
La consulta entregada formalmente al H. Ayuntamiento de Ahome por una mayoría de regidores morenistas y la síndica procuradora no deja lugar a dudas: hay una serie de actos cuya legalidad es, por lo menos, cuestionable, y cuya legitimidad política está completamente ausente. Se pide —con base en derechos constitucionales— que Menéndez explique cómo y bajo qué facultades se brincó la ley, ignoró el nombramiento de su compañera de cabildo y ocupó el cargo sin el proceso establecido.
El hecho de que la mayoría de los firmantes sean regidores electos de Morena —el mismo partido que gobierna el estado y controla los equilibrios municipales— vuelve la crítica aún más significativa. No es la oposición quien acusa imposiciones. Es el propio bloque morenista que se niega a aplaudir silencios ni a legitimar atropellos.
El gobernador Rubén Rocha Moya ha guardado silencio. En un estado donde la política local suele definirse en desayunos cerrados y alineamientos de último minuto, la omisión puede interpretarse como complicidad o como cálculo. Pero en ambos casos, la crisis institucional de Ahome ha escalado y ha dejado en claro que no hay orden democrático cuando se gobierna a fuerza de simulación.
En tiempos donde el discurso oficial pregona la defensa del estado de derecho, lo que ocurre en Ahome debería ser motivo de alarma, incluso para los que aplauden desde las gradas. Porque si se puede anular un nombramiento legal con un dedazo administrativo, si se puede ocupar un cargo sin protestarlo, sin elección, sin cabildo, entonces no se gobierna; se usurpa.
Y como ocurre en todas las usurpaciones, tarde o temprano llega el momento de rendir cuentas. En Ahome, ese momento ya empezó.
