En Sinaloa, la política parece haber encontrado una nueva fórmula para medir la fuerza: ignorar al Poder Judicial sin sonrojarse. El Congreso del Estado y el Ayuntamiento de Ahome no pueden alegar desconocimiento. Recibieron la orden de un juez federal por todas las vías posibles: notificación electrónica, oficio físico y hasta la visita de un actuario que dejó constancia. Aun así, eligieron el camino del desacato.
No es un simple retraso administrativo, es un desafío directo a la autoridad judicial. Al negarse a restituir a Gerardo Vargas Landeros en la presidencia municipal, tanto diputados como funcionarios municipales enviaron un mensaje inquietante: la ley se cumple solo cuando conviene políticamente. En ese terreno, el Estado de derecho se convierte en una escenografía hueca.
La defensa de Vargas ya movió ficha y pidió al Ministerio Público Federal que abra carpetas contra los responsables. Esto coloca a los actores locales en un escenario inédito: enfrentar consecuencias penales no por corrupción en lo oscurito, sino por un desacato público, sostenido y hasta presumido. La omisión se vuelve acto político y la rebeldía institucional se celebra como si fuera un logro.
El lunes un juez pedirá cuentas. Y será interesante ver cómo intentan justificar lo injustificable. ¿Buscarán culpables externos? ¿Inventarán tecnicismos? ¿O seguirán vendiendo la narrativa de que todo es “respeto institucional”? Lo cierto es que el episodio exhibe la fragilidad de las instituciones cuando quienes deben defenderlas deciden utilizarlas como parapeto para sus intereses.
En Ahome y en el Congreso, la legalidad no se discute: se desacata. Y en ese proceso no solo está en juego el destino político de Vargas Landeros, sino la credibilidad del Estado mismo. Porque cuando un gobierno local decide que los jueces son una opinión, lo que realmente se erosiona no es un cargo municipal, sino la confianza ciudadana en que la ley, alguna vez, pueda ser más fuerte que la voluntad de unos cuantos.
