En Sinaloa, la ley está bajo asedio, y la responsable tiene nombre: Teresa Guerra. La presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso no respeta un fallo federal que ordena la restitución de Gerardo Vargas Landeros en la alcaldía de Ahome; prefiere imponer su voluntad como si el Congreso fuese un feudo personal. El peligro es evidente: cuando un poder público se cree dueño de la justicia, la legalidad se tambalea.
Los regidores de Ahome cumplen con su deber. Acatan la sentencia del amparo 1832/2025-VIII y buscan restituir al alcalde porque saben que el desacato no es política, sino delito. Teresa Guerra, en cambio, juega con fuego: manipula la narrativa, presenta la disputa como un tema político y pretende minimizar lo que es un mandato judicial. Su ambición se impone sobre el orden constitucional y convierte al Congreso en un instrumento de presión y revancha.
El mensaje es devastador: si la presidenta de la Junta de Coordinación Política se siente con derecho de cuestionar a un juez federal, ¿qué certeza puede tener un ciudadano común de que la justicia lo protegerá? La actitud de Guerra erosiona la credibilidad institucional y socava el Estado de Derecho. Hoy no solo confronta a los regidores, confronta a la propia Constitución.
El proceder de los regidores es un recordatorio incómodo: la autoridad solo puede hacer lo que la ley permite. Ellos cumplen; ella insiste en torcer la norma. Ese es el germen del autoritarismo que amenaza con extenderse si nadie lo detiene.
La realidad es clara: Teresa Guerra no actúa como garante de la legalidad, sino como su enemiga. Mientras los regidores sostienen el orden constitucional, ella encarna el riesgo de que el poder político en Sinaloa termine por colocarse por encima de la justicia. Y eso, en un Estado de Derecho, no solo es inmoral: es inaceptable.
