El caso de Gerardo Vargas Landeros ha abierto una herida que ni el Congreso de Sinaloa ni el Ayuntamiento de Ahome logran ocultar. Los discursos de desconocimiento, los intentos por evadir responsabilidad y la narrativa de “no estar notificados” han quedado en evidencia. Los documentos oficiales, firmados y contestados, muestran con claridad que tanto la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Teresa Guerra, como el presidente municipal interino de Ahome, Antonio Menéndez, sí fueron notificados por el Juez de Distrito.
La versión oficial sostenida por la presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso de Sinaloa, Ma. Teresa Guerra, y por el alcalde sustituto de Ahome, Antonio Menéndez, quedó en entredicho tras la revelación de documentos jurídicos que los señalan como receptores y contestatarios de los oficios enviados por el Juez de Distrito en el caso del alcalde Gerardo Vargas Landeros.
Ambos actores habían asegurado públicamente no haber sido notificados ni tener conocimiento formal de las resoluciones judiciales que ordenan la restitución de Vargas Landeros como presidente municipal constitucional. Sin embargo, los documentos en poder de este medio confirman que tanto el Congreso del Estado como el Ayuntamiento de Ahome recibieron, respondieron y quedaron oficialmente enterados del mandato judicial.
La historia no admite matices: recibieron los oficios, respondieron y aun así se han empeñado en negar lo evidente. En política, la mentira suele ser un recurso de desgaste, pero en este caso se trata de un posible delito: desacato a una orden judicial. La diputada Yeraldine Bonilla, presidenta del Congreso local, estampó su firma en la respuesta oficial, lo que confirma que el Poder Legislativo estaba al tanto. Y en Ahome, Menéndez también hizo lo mismo. Ambos guardaron silencio público mientras ante la autoridad judicial sí reconocían haber sido notificados.
En el caso del Poder Legislativo, la respuesta oficial fue firmada por la diputada Yeraldine Bonilla, presidenta de la Mesa Directiva, en cumplimiento de las instrucciones de la diputada Teresa Guerra, quien encabeza la JUCOPO. Por su parte, Antonio Menéndez, actual alcalde en funciones, también recibió y respondió los oficios correspondientes, pese a que públicamente ha negado tener conocimiento
Lo que ocurre es más que un pleito local. Es la exposición del desprecio institucional hacia la legalidad. Pasar “por el arco del triunfo” un mandato judicial no solo es un acto de soberbia política, sino también un riesgo que arrastra al Congreso y al Cabildo de Ahome hacia la comisión de un delito. ¿Ignorancia de sus asesores jurídicos o cálculo político para ganar tiempo? En cualquier caso, el costo es la credibilidad.
El problema ya no es Vargas Landeros, sino la cloaca que se destapó en el manejo del poder. La mentira como estrategia se volvió insostenible. Queda por verse si la justicia federal, frente a este desacato abierto, decidirá sentar un precedente. Porque en Sinaloa, como en todo México, el poder suele creer que la ley es negociable. Aquí, al parecer, se equivocaron de cálculo.
