En Sinaloa, la ley parece tener memoria selectiva, y en algunos casos, francos episodios de amnesia. La doctora en derecho María Teresa Guerra Ochoa ha generado debate con declaraciones que, más que interpretaciones jurídicas, parecen obedecer a conveniencias políticas o instrucciones precisas. La pregunta es inevitable: ¿es desconocimiento del derecho o cálculo político?
La polémica reciente estalló cuando Guerra Ochoa, Presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, respaldadas por voces cercanas al gobernador Rubén Rocha Moya y al senador Inzunza, insinuaron amenazas hacia un juez cuyo fallo contradecía resoluciones impulsadas desde el Legislativo estatal. El trasfondo: limpiar el camino al candidato predilecto del Ejecutivo.
No es un caso aislado. El Congreso de Sinaloa ha sido actor recurrente en episodios donde la política pesa más que la ley. Ahí están los antecedentes: Estrada Ferreiro, el “Químico” Benítez, Héctor Melesio Cuén, exdirigente del PAS y exrector de la UAS, y ahora, el alcalde Gerardo Vargas Landeros. La constante es la misma: el Legislativo como instrumento para resolver, por vía exprés, los obstáculos políticos del tercer piso de Palacio de Gobierno.
Mientras tanto, los problemas reales de Sinaloa quedan fuera del radar parlamentario. Inseguridad, crisis en el campo, feminicidios, desapariciones… son temas incómodos que no se tocan en tribuna para no incomodar al “amo”. La agenda legislativa se reduce a cumplir encargos, dejando de lado su papel de contrapeso y representación social.
La interrogante central sigue abierta: ¿la doctora Guerra Ochoa, con el bagaje académico que presume, realmente desconoce los límites constitucionales que separan a los poderes o simplemente se abstiene de recordar lo que no conviene a su patrón?
El episodio no termina aquí. El juez al que señalan podría responder, y en ese momento, el Congreso tendría que jugar en una cancha distinta: la federal, donde no todos los árbitros reciben línea del mismo mando. Ahí veremos si la memoria del derecho en Sinaloa sigue siendo selectiva… o si se enfrenta, de una vez por todas, a la realidad de la ley.
