La noticia de que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York retiró los cargos contra Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, no es un acto de exoneración, sino un movimiento calculado dentro del ajedrez judicial que Estados Unidos juega con los herederos del Cártel de Sinaloa. Lo que a primera vista podría interpretarse como una concesión al hijo de Joaquín El Chapo Guzmán, en realidad es la antesala de un proceso que busca optimizar recursos legales y, sobre todo, maximizar los beneficios de una colaboración que apunta a desmantelar redes criminales más amplias.
La estrategia es clara: concentrar el proceso en Chicago, donde Guzmán López ha manifestado su intención de declararse culpable por cinco cargos que incluyen delitos tan graves como tráfico de drogas, armas y lavado de dinero. Lo que se negocia tras bambalinas no es menor. Estos acuerdos suelen implicar reducción de condenas, condiciones especiales de encarcelamiento y, lo más importante para las autoridades, la obtención de información clave sobre la estructura, finanzas y logística de uno de los cárteles más poderosos del mundo.
Para México, el eco de este arreglo judicial suena a traición. El gobierno federal, que pagó un alto costo humano y logístico por la captura de Ovidio en 2023, ahora observa cómo el personaje central de aquel sangriento operativo —en el que murieron elementos de las fuerzas armadas— se encamina hacia un acuerdo que podría significar años menos tras las rejas a cambio de testificar contra otros. Desde Palacio Nacional hasta los cuarteles, la inconformidad es evidente: ¿para qué los riesgos, las vidas perdidas y el desgaste institucional, si el acusado terminará negociando su condena?
El contexto no puede pasarse por alto. El acuerdo de Ovidio Guzmán se suma al de su hermano Joaquín Guzmán López, quien también explora una ruta de colaboración, y al arresto de Ismael El Mayo Zambada, supuesto resultado de una traición interna. La fractura del Cártel de Sinaloa parece avanzar de la mano de un nuevo modelo de justicia norteamericana: uno que privilegia la información y la delación como armas principales para desarticular las organizaciones criminales.
En el fondo, lo que está en juego no es solo la sentencia de Ovidio, sino la narrativa del combate al narcotráfico. ¿Se trata de castigar o de negociar? ¿De justicia o de pragmatismo? El retiro de cargos en Nueva York y la concentración del caso en Chicago son señales de que Estados Unidos apuesta por lo segundo, en una estrategia que, para bien o para mal, redefine lo que entendemos por lucha contra el crimen organizado.
La audiencia del próximo 9 de julio marcará un antes y un después. Ahí sabremos cuán profundo será el pacto entre El Ratón y el gobierno que alguna vez lo puso en la lista de los más buscados. Y en ese mismo acto, veremos reflejadas las tensiones de una cooperación binacional que, entre acuerdos y desencuentros, sigue sin resolver el dilema de fondo: el de un crimen organizado que muta, se adapta y sobrevive.
