Cuando una aerolínea impone que sus pilotos y sobrecargos ya no deben dormir en una ciudad, la alarma no la detona un comunicado, sino la realidad. Eso ocurrió esta semana en Culiacán, donde Aeroméxico, presionada por su sindicato, decidió suspender pernoctas en la capital de Sinaloa. No fue una estrategia comercial ni una reestructura de rutas: fue un acto de protección ante la inseguridad.
El gobernador Rubén Rocha Moya, fiel a su estilo reactivo, anunció que los vuelos AM 246 y AM 247 dejarán de operar por orden sindical, ya que los traslados entre el aeropuerto y el hotel son considerados de riesgo. En respuesta, Rocha ofreció garantizar escoltas para el trayecto de las tripulaciones. Una solución de emergencia que, aunque puede resolver el síntoma inmediato, revela el fracaso del tratamiento de fondo.
¿En qué momento se volvió normal que una capital estatal deba ofrecer convoyes de seguridad para proteger un vuelo comercial? La respuesta no se encuentra en la narrativa oficial, sino en el contexto: Sinaloa sigue siendo territorio de tránsito, confrontación y silencio. Y aunque se hable de desarrollo, inversión y turismo, los datos duros de la inseguridad terminan reventando la burbuja de la propaganda.
Este no es un caso aislado. Ya en enero de 2023, cuando las balas alcanzaron aeronaves comerciales tras la detención de Ovidio Guzmán, Culiacán quedó parcialmente sitiada y el aeropuerto cerró operaciones durante más de 48 horas. Desde entonces, la confianza en la seguridad aérea se resquebrajó. Lo que ahora decide el sindicato no es nuevo: es la consecuencia de una herida mal cerrada.
El gobierno de Rocha Moya intenta contener el golpe con anuncios millonarios: de 635 a 900 millones de pesos para modernizar el aeropuerto. Pero el problema no es la pista ni la terminal. El problema es lo que sucede alrededor. Ahí donde las cámaras no funcionan, donde los rondines militares sustituyen a la inteligencia preventiva, y donde el crimen organizado marca presencia incluso sin hacer ruido.
Culiacán no solo ha dejado de ser una escala atractiva para el turismo o los negocios: se ha convertido en un símbolo de advertencia. El “no pernocta” de Aeroméxico es más que una medida gremial; es una señal institucional del deterioro. Y no se resuelve con operativos relámpago ni boletines de prensa optimistas. Se resuelve con decisiones de Estado.
La seguridad no puede depender de si el gobernador tiene o no línea directa con los mandos del Ejército. Requiere planificación seria, control del territorio, fortalecimiento de las policías civiles y reconstrucción del tejido urbano. Mientras se mantenga la fantasía de que basta con inversiones visibles para calmar a la opinión pública, seguiremos viendo síntomas más graves.
Porque cuando una aerolínea impone su propio protocolo para proteger a su personal y decide, unilateralmente, que Culiacán no es segura para pasar la noche, ya no estamos hablando de percepción. Estamos hablando de un colapso silencioso, de una derrota que ni la escolta más puntual podrá ocultar.
