En Sinaloa, la sucesión política rumbo a 2027 ya comenzó. No con declaraciones públicas, ni con propuestas, sino con una vieja táctica reciclada en los nuevos tiempos: la guerra sucia digital. En el centro del fuego cruzado, la senadora morenista Imelda Castro Castro, una figura con proyección nacional que hoy parece haber activado las alarmas del grupo político que encabeza el gobernador Rubén Rocha Moya.
Desde el mes de febrero, y con creciente intensidad, páginas como El Ojo de Argus han desplegado una campaña sistemática contra la legisladora. Se le acusa de “campaña adelantada”, de visitar colonias y sindicaturas con aspiraciones que no ha hecho públicas. No hay delito en el activismo político, pero sí hay un patrón preocupante en la forma de intentar deslegitimarlo: el uso de campañas pagadas en redes sociales con recursos que nadie se atreve a transparentar. Según medios locales, tan solo en Facebook la inversión publicitaria contra Castro asciende a más de 120 mil pesos mensuales.
Este mismo método ya había sido utilizado contra otros personajes incómodos para el círculo cercano a Rocha Moya: Luis Guillermo “El Químico” Benítez, exalcalde de Mazatlán, y Jesús Estrada Ferreiro, exalcalde de Culiacán, ambos defenestrados por una combinación de presión jurídica, desgaste mediático y ruptura política. En esa lógica, la reciente detención del exmunícipe Gerardo Vargas Landeros —a pesar de contar con un amparo— no parece un hecho aislado, sino parte del mismo libreto.
La senadora Imelda Castro no forma parte del rochismo. Representa una de las corrientes morenistas con raíces en el obradorismo temprano, con trabajo legislativo visible y vínculos en la Cámara alta. Su nombre incluso suena para la presidencia del Senado. Su crecimiento natural incomoda a un poder estatal que no está dispuesto a ceder el control del proceso sucesorio.
Lo que se juega no es menor: el control de Morena en un estado clave para la Cuarta Transformación. Pero la ruta que algunos actores han decidido tomar —el uso de bots, perfiles falsos, financiamiento opaco y desprestigio sistemático— erosiona los principios de democracia interna que el propio López Obrador enarboló como bandera fundacional del movimiento.
En un momento en que la legitimidad de los gobiernos morenistas exige coherencia, lo que ocurre en Sinaloa deja ver fracturas internas profundas y una tentación autoritaria que amenaza con consolidarse si no hay un contrapeso real dentro del mismo partido. Porque cuando el árbitro también juega, la cancha se inclina, y con ello se enturbia el proceso que apenas comienza.
