En Sinaloa, la justicia ha dejado de ser un contrapeso para convertirse en una puesta en escena. No hay independencia judicial cuando el estrado se transforma en foro político, y el juez actúa más como actor de reparto que como intérprete de la ley. Ese es el caso del juez Carlos Alberto Herrera, cuya actuación en los casos contra la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) exhibe no solo una crisis en el sistema de justicia, sino una estrategia deliberada de persecución disfrazada de legalidad.
Lo sucedido en febrero de 2024 fue una advertencia: en una audiencia sin pruebas concluyentes y sin defensa efectiva, se ordenó la remoción de directivos universitarios en un acto que recordó más a un tribunal inquisidor que a un procedimiento legal. Lo de septiembre confirmó la sospecha: nuevamente, el juez Herrera impuso medidas cautelares desproporcionadas contra el rector Jesús Madueña Molina y otros funcionarios, siguiendo un libreto escrito desde el poder ejecutivo.
La justicia, en este caso, no es ciega. Ve, escucha y obedece. Y su obediencia tiene nombres: Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, y Enrique Inzunza Cázarez, su secretario general de Gobierno, ambos promotores de una ofensiva política contra la UAS que rebasa el ámbito jurídico para instalarse en el terreno de la revancha y el control.
Lo que se busca no es justicia, sino sometimiento. No se trata de esclarecer responsabilidades, sino de castigar al adversario institucional que se atrevió a marcar distancia del régimen. La UAS ha sido históricamente un espacio incómodo para los gobiernos que pretenden uniformidad ideológica. Hoy, en la era Rocha, ese espacio debe ser disciplinado —o eliminado— a cualquier costo.
Herrera, como juez, pudo haber detenido el atropello. Optó, en cambio, por ser parte del engranaje. Las decisiones que ha tomado no solo carecen de fundamento sólido, sino que envían un mensaje ominoso: cualquiera que disienta del poder puede ser llamado a cuentas en un proceso sumario, sin garantías, sin equilibrio, sin justicia real.
Sinaloa vive bajo una justicia de utilería. Lo que se representa en tribunales no es el imperio de la ley, sino el guion de una vendetta. Y mientras el poder se divierte en su montaje, los ciudadanos aprendemos que el derecho, como la verdad, ha dejado de importar si estorba a la voluntad del gobernante.
