Los Mochis, Sin, 1 de junio del 2025.- Funcionarios de casilla y ciudadanos de Sinaloa denunciaron este domingo graves irregularidades en las elecciones del Distrito Judicial 2, que abarca la zona centro-sur del estado, incluida la capital, Culiacán. Las acusaciones van desde boletas previamente marcadas hasta reparto ilegal de guías de votación, alimentando sospechas de un posible fraude electoral operado desde estructuras gubernamentales.
A través de redes sociales, funcionarios de casilla alertaron que los paquetes de boletas entregados para la jornada electoral ya venían manipulados, con votos marcados a favor de determinados candidatos. Aunque hasta el cierre de esta nota las autoridades electorales no habían emitido una postura oficial, las denuncias han generado indignación entre la población y los observadores del proceso.
En el ejido Primero de Mayo, municipio de Ahome, vecinos reportaron que en la casilla 286 un funcionario repartió “acordeones” con números y nombres de candidatos marcados, lo que va en contra de los lineamientos del Instituto Nacional Electoral (INE). Aunque el INE permite que los ciudadanos lleven sus propias referencias, está estrictamente prohibido repartir material proselitista dentro de las casillas. Este caso ha sido uno de los focos más señalados por presunta violación a los principios de neutralidad y equidad en la elección.
Las tensiones políticas en Sinaloa no son nuevas. A estos incidentes se suman recientes acusaciones por la detención del alcalde con licencia de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, quien según la Federación de Abogados de Sinaloa fue víctima de una detención ilegal orquestada desde la Fiscalía General del Estado. Para estos actores, el Poder Judicial estatal estaría subordinado al gobernador Rubén Rocha Moya, alimentando una percepción de uso faccioso de las instituciones para atacar a adversarios políticos.
El proceso electoral en Sinaloa se desarrolla en medio de un ambiente de creciente desconfianza, donde las acusaciones de persecución política y violaciones a la legalidad electoral amenazan con socavar la legitimidad de los resultados. La exigencia de una intervención federal y de investigaciones independientes resuena cada vez con más fuerza entre ciudadanos y organizaciones que reclaman transparencia y justicia en un estado marcado por la polarización política y la crisis institucional.01
